La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, impone al empresario el deber de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Esta deuda de seguridad se materializa a través del cumplimiento de una serie de obligaciones como la información y formación relativa a los riesgos, la consulta y participación, la formación en materia preventiva, la paralización de actividades en caso de riesgo grave e inminente, la vigilancia de la salud, la integración de la actividad preventiva en la empresa, la elaboración de un plan de prevención de riesgos, la evaluación de riesgos, la organización de la Prevención, la acción de permanente seguimiento de la actividad preventiva, proporcionar equipos de trabajo y de protección, la coordinación de actividades empresariales o la protección de trabajadores especialmente sensibles, trabajadoras embarazadas, menores y trabajadores temporales. El incumplimiento de estas obligaciones puede traer aparejadas consecuencias jurídicas en forma de responsabilidad administrativa, civil, penal o de Seguridad Social, con la imposición del recargo de las prestaciones. Este ensayo desarrolla un estudio técnico, analítico y crítico sobre tales obligaciones y responsabilidades en el ámbito empresarial, su funcionamiento, aplicación, características, fortalezas y debilidades, así como su influencia en las dos partes de la relación laboral: trabajador y empresario.
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