El Memento Práctico Ejercicio Profesional de la Abogacía 2021 es una obra dirigida a todos los abogados en ejercicio, a quienes les aporta una referencia práctica donde consultar las cuestiones que se presentan de forma más habitual en el ejercicio de la abogacía.
A todos ellos les ayuda a encontrar respuestas concretas en muy pocos segundos gracias a la sistemática memento. Se trata de la mejor referencia para el que quiere una garantía de acceso fácil y rápido, casi inmediato, a la información.
El presente Memento es de especial utilidad al iniciado en la profesión, al que le ayuda a encontrar mucho más que simples respuestas teóricas en las principales ramas del Derecho. En él se encuentran soluciones prácticas de directa aplicación, claras y concisas, rigurosamente fundamentadas con citas a la legislación doctrina y jurisprudencia de aplicación en cada caso concreto.
También es una obra especialmente dirigida a los alumnos de Derecho y al recién licenciado, a quienes les ayuda en la preparación para el examen de acceso a la abogacía.
En él se abordan las cuestiones más básicas y fundamentales para el ejercicio de la abogacía, como lo son la deontología profesional, la organización de los colegios, la asistencia letrada y del proceso, la tributación y la contabilidad básica del abogado, etc.
Asimismo, en él se abordan las principales áreas del derecho: civil, mercantil, penal, administrativo, laboral y procesal (civil, penal, contencioso-administrativo y laboral), centrándose en las materias más consultadas en la práctica de los despachos de abogados.
Una obra rigurosa y fiable realizada por catedráticos, profesores de Derecho y abogados en ejercicio, todos ellos de gran prestigio profesional.
En definitiva, una referencia que no puede faltar en la estantería de todos los abogados ejercientes, actuales y futuros, en la que poder consultar en pocos segundos prácticamente el 50% de las dudas que surgen en su día a día.
Actualizadas tanto a la legislación temporal dictada como consecuencia del COVID-19 como a las modificaciones introducidas en la normativa.
De un lado, se han dictado en diferentes ámbitos normas temporales dirigidas a paliar los efectos derivados de la pandemia sanitaria, entre las que destacan las medidas laborales (expedientes temporales de regulación de empleo, contratos), societarias (reparto de dividendos, pérdidas societarias) y concursales (solicitudes de concurso, financiaciones y pagos por terceros, modificación de convenios concursales, acuerdos extrajudiciales de pago y acuerdos de refinanciación, enajenación de la masa activa). Así, entre éstas, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo; el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la administración de justicia; y el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
De otro lado, se incluyen reformas legislativas tales como el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (cuya entrada en vigor se producirá el 1 de septiembre de 2020); la Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; y el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
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