El Manual de Derecho Informático presenta, con rigor y exhaustividad, el análisis de la regulación jurídica de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siendo una obra de interés tanto para el profesional del Derecho, que necesita conocer esta materia en su actividad diaria, como para el estudiante de Derecho que necesita formarse en una materia que afecta a todas las áreas de actividad de cualquier operador jurídico.
En esta décima edición, revisada, ampliada y puesta al día con las últimas novedades y las más significativas modificaciones relativas a la materia, se presenta un riguroso análisis de la normativa que regula la Informática y las Telecomunicaciones en el ámbito de la Sociedad de la Información.
Desde la protección de datos a la firma electrónica, pasando por el estudio del comercio electrónico y la contratación realizada por Internet, el pago electrónico y la protección jurídica de los programas de ordenador y las bases de datos, se estudian los aspectos más significativos del denominado Derecho de las Tecnologías de la Información, permitiendo obtener un conocimiento exhaustivo de la regulación jurídica del desarrollo tecnológico.
Entre los aspectos a destacar de las novedades de esta décima edición, podemos señalar los relativos al desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), con un amplio análisis del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD, con la adecuación a la protección de datos de los ficheros manuales o no automatizados, o la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información, con especial dedicación a la factura electrónica y sus características, o, relativo al comercio electrónico, las modificaciones a la normativa sobre Comercio Electrónico respecto a la retención de los datos de tráfico, analizando la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos, o, por último y como muy significativo, se incorpora el estudio de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos que regula la administración electrónica.
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