El tema de la seguridad se ha situado desde hace un tiempo en el centro del debate político y social, y ello lo ha puesto en boca de políticos, juristas, politólogos, sociólogos, criminólogos, periodistas y otros sectores, que son a su vez productores -entre otras cosas- de decisiones, de opinión, de negocio y también, en consonancia, generadores de miedos, alarma, seguridad, consumo, empleo etc... Pero cuando se habla de seguridad, y más concretamente de seguridad ciudadana, se pone de manifiesto la ausencia de un discurso elaborado, de un análisis sereno. En una discusión centrada en toscos argumentos sobre criminalidad, policía o justicia, las políticas de seguridad quedan relegadas a un segundo plano, eclipsadas por la banalización y el simplismo. La realidad, no obstante, nos indica que los cambios de toda índole, propiciados por el fenómeno de la globalización, están creando nuevos espacios, nuevas formas de conflicto que se suman a los ya existentes. Tales metamorfosis tienen un evidente impacto en las políticas de seguridad; han modificado el concepto, los espacios y el sentimiento de seguridad y por ende las condiciones, las estrategias y el entorno en que se pueden desarrollar dichas políticas. En este contexto se recomponen las áreas de poder y aparecen diversos actores que interactúan y se organizan con formas prevalentemente reticulares (en detrimento de las jerárquicas). Los apreciables aspectos positivos, que sin duda existen, no deben llevarnos a engaño respecto de las tendencias autoritarias de control social que se reflejan en estos nuevos espacios, desde los macro espacios, a menudo carentes de suficiente control democrático, hasta los micro espacios cada vez más receptivos a políticas de seguridad de corte administrativista y ordenancista, pasando por los espacios privados no siempre debidamente tutelados.
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