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La presente obra afronta las implicaciones procesales más significativas de la expulsión del extranjero inculpado en el enjuiciamiento criminal, ya sea por aplicación de la sanción administrativa por infracción de las normas de extranjería o por la «sustitución» de una pena privativa de libertad o una medida de seguridad impuestas en sentencia penal firme. Sin renunciar a un repaso básico de la normativa vigente, se cuestionará especialmente la actual práctica mayoritaria de tribunales en el primero de los supuestos, ayuna de base legal, así como muchos de los motivos que critican el actual art. 89 del Código penal español, sin perjuicio de plantear su supresión a fin de asumir un sistema único donde la expulsión administrativa imponga una respuesta coordinada cuando el expulsable esté vinculado a uno o varios procesos penales, en cualquiera de sus etapas.
Introducción Parte Primera LA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA Capítulo primero. La norma de referencia y la aplicación judicial controvertida I. Causa y procedimiento II. ¿Administración contra Jurisdicción? III. Movilidad del inculpado durante un enjuiciamiento criminal sin mediar expulsión IV. Prosecución de todo enjuiciamiento en curso Capítulo segundo. El pretendido obstáculo para la tutela judicial efectiva: ¿expulsión o prohibición de regreso? I. Interpretaciónpro actione II. Ni renuncia por oportunidad ni renuncia por imposibilidad Capítulo tercero. La diferenciación práctica en el caso concreto: el derecho de defensa y la voluntad del extranjero I. La inasistencia del acusado al acto del juicio oral II. La falsa incomparecencia obligada II. Otros derechos en presencia y el principio de legalidad Capítulo cuarto. La exacerbación del derecho de defensa en contra del propio interesado I. Argumentos de legalidad imaginada II. Las contradicciones intrínsecas Capítulo quinto. Argumentos extramuros del Derecho legislado I. Las tesis de la inviabilidad procesal II. La pretendida motivación presupuestaria III. Regla de no suspensión, sistema de recursos y derecho de defensa Parte Segunda LA EXPULSIÓN JUDICIAL Capítulo primero. La norma penal y procesal sustantiva I. La regla de expulsión II. La excepción a la inmediatez de la expulsión III. La excepción total IV. Regla de exclusión V. Internamiento en centros cautelares administrativos VI. Destino de la expulsión VII. Prohibición de regreso VIII. Quebranto de la prohibición de regreso Capítulo segundo. El sujeto expulsable I. Persona de nacionalidad extranjera sin distinción II. La expulsión del ciudadano comunitario Capítulo tercero. La decisión judicial preceptiva y la pretendida limitación de la autodefensa del extranjero I. Proporción en la Ley y proporción en la aplicación de la Ley II. La iniciativa para decidir sobre la expulsión III. El derecho de audiencia del extranjero expulsable IV. Necesidad de distinguir entre causas y procedimiento Capítulo cuarto. La sustitución de la medida de seguridad I. Teoría general de la medida de seguridad en el Derecho penal español II. La sustitución de la medida de seguridad Capítulo quinto. Comunicaciones obligatorias y (des) coordinación I. Relaciones institucionales e intraorgánicas II. La descoordinación entre órganos de la Administración del Estado III. La ejecución judicial de la expulsión sustitutiva por el juez competente Capítulo sexto. La libertad condicional del extranjero expulsable I. La pretendida desigualdad discriminatoria II. La libertad condicional sustituye la ejecución, no la pena Conclusiones fundamentales Bibliografía citada
Ricardo Yáñez Velasco es licenciado y doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona, donde ha sido docente en el Departamento de Derecho administrativo y Derecho procesal, así como profesor invitado en otras Universidades de Cataluña. En la actualidad es profesor del Instituto Superior de Derecho y Economía e imparte clases de su especialidad en la Facultad de Psicología de la Universitat Autònoma de Barcelona; ha publicado medio centenar de trabajos en revistas jurídicas especializadas, así como una docena de monografías y ocho obras en colaboración. Asesor letrado del equipo jurídico de Amnistia Internacional-Catalunya desde 1994 a 2000, integró la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona hasta noviembre de 2003 siendo miembro del Instituto de Psicología, Sociología y Medicina Jurídicas. Desde febrero de 2000 ejerce la jurisdicción: por concurso en Barcelona, por oposición desde 2004, decano en los partidos judiciales de Vilafranca del Penedès y Esplugues de Llobregat y, desde 2011, magistrado de lo Penal en Barcelona. Está casado y es padre de cuatro hijos.
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