El comienzo de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos ha provocado un cambio tan importante en el sistema de protección que cabría decir que nos encontramos en una nueva situación radicalmente distinta, en la que, ni las autoridades, ni los actores, ni las reglas de protección coinciden con el sistema anterior. El Reglamento ha hecho tabla rasa para empezar de nuevo. La Directiva de Protección de Datos y la Ley Orgánica Española de Protección de Datos, al igual que las leyes de los restantes Estados Miembro están derogadas. La Comisión Europea ha asumido muchas de las competencias que, con anterioridad estaban atribuidas a las Autoridades de Control, la Agencia Española de Protección de Datos. El Comité Europeo de Protección de Datos ha asumido el papel de coordinación, interpretación e impulso que antes correspondía al Grupo de Trabajo del Artículo 29, y, además, se le atribuyen competencias ejecutivas de enorme trascendencia. La responsabilidad deja de centrarse exclusivamente en el Responsable del Tratamiento, para atribuirse también al Encargado del Tratamiento. La nueva clave de la regulación se centra en el principio de proactividad, conforme al cual, los responsables y encargados deben implementar, sin necesidad de que se les requiera para ello, todas las garantías de protección que establece el Reglamento y, a cambio, la norma deroga todas las obligaciones de solicitar permisos a la autoridad de control, aunque, como principio de reequilibrio, la norma incrementa las sanciones hasta unos importes jamás vistos. En definitiva, estamos ante una nueva regulación que establece un nuevo sistema jurídico que obliga a detenerse y replantearse todas las políticas y sistemas de cumplimiento establecidos con anterioridad porque, aunque muchos de los precedentes de la época anterior servirán para entender y prever cómo va a interpretarse la norma, es preciso investigar y conocer a fondo las nuevas normas para tener la seguridad y la confianza de estar cumpliendo correctamente sus principios. Esta quinta edición responde a la necesidad que provoca el cambio normativo y, tras un primer periodo de experiencia, en el que se ha aprobado la Ley Orgánica española de Protección de Datos y se han comenzado a conocer los primeros criterios interpretativos, los autores han revisado a fondo y minuciosamente a la edición anterior, para ofrecer un contenido totalmente actualizado del Estudio de la Protección de Datos.
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