Cuando hace casi veinte años que se inició un proceso de liberalización en el sector de las telecomunicaciones, parece que se cuenta ya con la suficiente perspectiva como para hacer balance de sus resultados. Superada la sorpresa inevitable ante lo que -al menos en apariencia- se presenta como radicalmente novedoso, parece llegado el momento de reflexionar con más sosiego sobre algunas de las nuevas técnicas incorporadas a un ordenamiento modificado en sus principios basilares, máxime teniendo en cuenta que el propio transcurso del tiempo ha dado ocasión para su aplicación práctica.
Entre estas nuevas técnicas destaca sobremanera, porque es manifestación evidente del cambio de principios operado, la del servicio universal de telecomunicaciones. No debemos olvidar que el mencionado proceso de liberalización en este sector se explica en la sustitución de un régimen monolítico de servicio público, entendido en términos de titularidad pública del servicio en su totalidad, por la consideración de las actividades de telecomunicaciones como servicios abiertos a la libre competencia. Pero, eso sí, no servicios en competencia sin más, sino servicios reconducibles a la cada vez más precisa categoría de lo que en el ámbito comunitario se conoce como "servicios (económicos) de interés general". En definitiva, servicios que, aunque prioritariamente sometidos a la reglas de la libre competencia, exigen una cierta intervención de los poderes públicos para garantizar su prestación -al menos en cierto grado y bajo ciertas condiciones de calidad y precio- a todos los ciudadanos. El servicio universal de telecomunicaciones es la más clara y peculiar manifestación de estas renovadas formas de intervención pública de finalidad garantista.
Con el servicio universal de telecomunicaciones se trata, en definitiva, de que todos los ciudadanos tengan acceso a determinadas prestaciones de telecomunicaciones, a un precio asequible y con una calidad determinada, con independencia de sus circunstancias geográficas, socio-económicas y físicas. Se crea, así, un estándar europeo de prestaciones mínimas de telecomunicaciones cuya garantía efectiva, de forma subsidiaria al mercado, genera nuevos problemas en un contexto en el que todas las actividades de telecomunicaciones se prestan en régimen de libre competencia. QUÉ prestaciones, exactamente, quedan cubiertas por esta garantía; QUIÉN deba responsabilizarse de su prestación y, CUÁNTO cueste garantizarla y, de forma conexa, cómo se plantee su financiación son los grandes interrogantes que plantea esta nueva técnica de servicio público.
A todas estas preguntas da puntual respuesta, con un espíritu crítico, este libro de Matilde Carlón Ruiz, en el que vuelca no sólo su perfil de Profesora titular de Derecho Administrativo en la UCM, sino también su experiencia como Técnica de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (hoy en excedencia) y como Experto Nacional Destacado ante la Comisión Europea en la Dirección General de la Sociedad de la Información. Adopta, por ello, este estudio una vocación eminentemente práctica, con la vocación de resultar útil a todos los partícipes en esta cuestión -los usuarios, los operadores y las Administraciones en sus distintos papeles y niveles-, tanto los que estén especializados en el sector, como los que se acerquen a él por primera vez preocupados por unas cuestiones de clara incidencia en la posición de todos y cada uno de los ciudadanos.
Esta perspectiva práctica no impide, sin embargo, intentar reconducir a sistema las peculiaridades de esta concreta técnica de servicio público. Se trata, con ello, de apuntar una reflexión más amplia sobre la necesaria reconstrucción del -voluble- concepto de servicio público en un entorno liberalizado, donde no es nuevo "todo lo que reluce".
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