En 2015 se llevó a cabo una profunda modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia vigente en nuestro país desde 1996, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. No debe sorprender que, entre los elementos que pusieron de manifiesto los importantes cambios sociales que se habían producido en la situación de los menores en los casi veinte años transcurridos, y que demandaban una mejora de sus instrumentos de protección jurídica, se mencionen dos importantes informes monográficos del Defensor del Pueblo. Dejando al margen la actividad del Comité de los Derechos de Niño en el control de la observancia de la Convención de Naciones Unidas firmada en 1989, son dos las instituciones que se ocupan de garantizar a los menores una protección adecuada y uniforme en todo el territorio del Estado: el Ministerio Fiscal y los defensores del pueblo. En su actividad de supervisión, los ombudsman cuentan con una formidable herramienta para asegurar que las administraciones públicas cumplen el mandato del artículo 39 de la Constitución en la protección de los menores de edad. El objeto de este trabajo es analizar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de protección a la luz de los informes de los defensores del pueblo en España, que no solo dan cuenta de su actividad a los diferentes órganos legislativos que los comisionan, sino que hacen partícipe a toda la sociedad de la calidad del compromiso de velar por los derechos de los niños que viven situaciones de riesgo o desamparo. . Beatriz González Moreno es Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y Doctora en Derecho, con Premio Extraordinario de Doctorado, por la Universidad de Vigo. Es Profesora Titular en el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, en la que también ocupó cargos de gestión. En la actualidad, es Coordinadora General del Valedor do Pobo de Galicia, tras haberse incorporado en 2010 a la oficina del defensor del pueblo autonómico como responsable de las áreas de educación, menores, cultura y derechos lingüísticos. . Tiene numerosas publicaciones en temas de su especialidad (cuestiones relacionadas con derechos fundamentales y, en particular, sobre derechos de contenido social y cultural en las constituciones democráticas modernas), y se ha ocupado también de cuestiones jurídicas relativas a menores. Ha realizado estancias de investigación en universidades extranjeras y participado en varios proyectos de investigación. Ponente en numerosos congresos, simposios y seminarios, forma parte de asociaciones académicas y de consejos editoriales de revistas científicas y es miembro de la Cátedra UNESCO «Ciudadanía democrática y libertad cultural».
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Índice
Abreviaturas INTRODUCCIÓN 1. La protección de menores: una «zona de fricción» entre el Derecho de familia y el Derecho administrativo 2. Delimitación del objeto de estudio y precisiones metodológicas CAPÍTULO I. ÁMBITO NORMATIVO 1. Orígenes y evolución de la intervención administrativa respecto de las personas menores de edad 1.1. Las instituciones de caridad 1.2. La acción benéfico-asistencial 1.3. La protección de los menores como competencia de las administraciones públicas 1.4. El sistema de protección derivado de la Constitución de 1978 2. Evolución del régimen jurídico sobre protección de la infancia y la adolescencia 2.1. Principales ámbitos de modificación legislativa 2.2. Definición y determinación de las situaciones de riesgo y desamparo 2.2.1. La situación de riesgo 2.2.2. La situación de desamparo 2.3. El fuero procesal competente en la impugnación de resoluciones administrativas 3. Configuración actual de las instituciones del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 3.1. La guarda 3.2. La tutela 3.3. El acogimiento de menores tutelados 3.4. La adopción CAPÍTULO II, PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA RESPECTO DE LOS MENORES DE EDAD 1. El interés superior del menor 2. La escucha del menor 3. La reintegración del menor en su propia familia CAPÍTULO III. INSTITUCIONES DE SUPERVISIÓN 1. Los defensores del pueblo y el sistema de protección de menores 2. Organización de las Defensorías en la supervisión de los asuntos relativos a las personas menores de edad 2.1. El Defensor del Pueblo 2.2. El Defensor del Menor de Andalucía 2.3. El Justicia de Aragón 2.4. El Diputado del Común de Canarias 2.5. El Procurador del Común de Castilla y León 2.6. El Síndic de Greuges de Catalunya 2.7. El Valedor do Pobo de Galicia 2.8. El Defensor del Pueblo de Navarra 2.9. El Ararteko del País Vasco 2.10. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana CAPÍTULO IV. EL EJERCICIO DE LA TUTELA DE MENORES POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A LA LUZ DE LOS INFORMES DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO 1. El ejercicio de la guarda: medidas de atención inmediata 1.1. Competencia y procedimiento para adoptar medidas de atención inmediata 1.2. Medidas de atención inmediata 2. El acogimiento familiar 2.1. Los ofrecimientos de acogimiento en familia ajena 2.2. El proceso de selección y valoración de idoneidad de las familias 2.3. El acogimiento en familia extensa 2.4. El coste de los acogimientos 2.4.1. El coste del acogimiento familiar A) Andalucía B) Cataluña C) Comunidad Valenciana D) Madrid 2.4.2. El coste del acogimiento residencial 3. El acogimiento residencial 3.1. La estrategia de desinstitucionalización progresiva 3.2. Exigencia de calidad residencial 3.3. Inspección y supervisión de los centros y servicios 4. Los centros de protección específicos para menores con problemas de conducta 5. La delegación de guarda con fines de adopción 5.1. Las declaraciones de idoneidad 5.2. La transparencia de los procedimientos y de la gestión de la lista de ofrecimientos 5.3. La homogeneización de procedimientos y plazos en la adopción internacional 5.4. Los beneficios financieros indebidos 6. Menores extranjeros no acompañados 6.1. Procedimientos para la determinación de la edad 6.2. Cese de tutela 6.3. La autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados y su extinción 6.4. Autorizaciones para trabajar 6.5. Menores de edad víctimas de trata de seres humanos y menores extranjeros solicitantes de protección internacional 6.7. Registro de Menores Extranjeros No Acompañados 6.8. La atención residencial de los menores extranjeros no acompañados CAPÍTULO V. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA LUZ DE LOS INFORMES DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO Consideraciones previas 1. La Entidad Pública 2. Los Equipos técnicos de menores 2.1. Pluralidad de organización estructural de los equipos profesionales de la Entidad Pública 2.2. Falta de recursos en los equipos profesionales de la Entidad Pública de protección de menores 2.3. Falta de protocolos y criterios de actuación homogéneos 2.4. Falta de especialización 3. Equipos psicosociales adscritos a los juzgados 4. Los educadores de los centros de menores 5. Los servicios sociales especializados y recursos administrativos de apoyo familiar 6. Coordinación interadministrativa e institucional en el sistema de protección de las personas menores de edad 6.1. El sistema de protección de los menores en el Estado autonómico 6.2. La coordinación interadministrativa 6.3. La coordinación entre la Administración y el Ministerio Fiscal 7. Problemas comunes de los menores en situación de tutela por la Administración 7.1. La falta de una reglamentación de los derechos de los niños y adolescentes 7.2. La falta de planes individualizados de transición a la vida adulta 7.3. El derecho a la documentación de los niños tutelados CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA
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